ETA ¿El principio del fin?
Juan-Cruz Alli Aranguren
El comunicado de ETA declarando un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo es una buena y esperada noticia, que debió producirse hace muchos años, una vez que España se constituyó en un Estado democrático y perdió su razón de ser la lucha contra la dictadura. Por eso llega tarde, pero nunca es tarde si el fin se produce. Sin embargo, como todo lo que se refiere a la banda, ha de ser valorado con prudencia, aunque con alegría. El comunicado es una gran aportación a la convivencia si supone el fin de un proceso de autocrítica que les ha llevado a la conclusión de lo absurdo de su actitud y de su violencia, de su ineficacia para cumplir sus objetivos, del cada vez mayor rechazo por parte de la sociedad, de lo absurdo de sus pretensiones en el marco europeo y de que sólo cabe la vía democrática para conseguir objetivos políticos. Si fuera así, se han quedado cortos, porque deben manifestar su propósito de renuncia definitiva a la violencia y de la disolución de la organización, que no tiene lugar ni justificación en una sociedad democrática.
Para que el comunicado y la actitud de ETA y del resto del MVLN tengan credibilidad deben demostrar una voluntad decidida de abandonar la violencia y la extorsión a partir del día 24 de marzo, sin utilizar la violencia para imponer sus proyectos políticos y tratar de obtener un precio político. Es precisa una manifestación expresa de aceptación del orden democrático y de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente por los legítimos representantes de la voluntad popular. La paz no puede estar condicionada a una negociación en la que se comprometa el orden institucional del Estado ni el estatus de la Comunidad Foral de Navarra prescindiendo de la voluntad del pueblo navarro, único dueño de su destino.
Toda la sociedad española exige a ETA responsabilidad y respeto a los derechos y libertades, a los valores democráticos y de convivencia. Esta exigencia alcanza también a todos los representantes de la voluntad popular, quienes tienen el deber cívico de poner todos los medios a su alcance para que el proceso tenga el fin deseado. Este es un momento que exige políticos con visión de Estado, capaces de superar cualquier oportunismo electoralista del éxito a corto plazo, para afrontar un proceso largo y difícil. La actitud responsable de las fuerzas políticas y las instituciones españolas durante el gobierno de la UCD permitió la disolución de ETA político-militar. Fue un ejemplo. Hoy no se puede perder esta nueva oportunidad por partidismo o por rencor. La paz será el éxito de todos.
El comunicado de ETA declarando un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo es una buena y esperada noticia, que debió producirse hace muchos años, una vez que España se constituyó en un Estado democrático y perdió su razón de ser la lucha contra la dictadura. Por eso llega tarde, pero nunca es tarde si el fin se produce. Sin embargo, como todo lo que se refiere a la banda, ha de ser valorado con prudencia, aunque con alegría. El comunicado es una gran aportación a la convivencia si supone el fin de un proceso de autocrítica que les ha llevado a la conclusión de lo absurdo de su actitud y de su violencia, de su ineficacia para cumplir sus objetivos, del cada vez mayor rechazo por parte de la sociedad, de lo absurdo de sus pretensiones en el marco europeo y de que sólo cabe la vía democrática para conseguir objetivos políticos. Si fuera así, se han quedado cortos, porque deben manifestar su propósito de renuncia definitiva a la violencia y de la disolución de la organización, que no tiene lugar ni justificación en una sociedad democrática.
Para que el comunicado y la actitud de ETA y del resto del MVLN tengan credibilidad deben demostrar una voluntad decidida de abandonar la violencia y la extorsión a partir del día 24 de marzo, sin utilizar la violencia para imponer sus proyectos políticos y tratar de obtener un precio político. Es precisa una manifestación expresa de aceptación del orden democrático y de que las cuestiones políticas deben resolverse únicamente por los legítimos representantes de la voluntad popular. La paz no puede estar condicionada a una negociación en la que se comprometa el orden institucional del Estado ni el estatus de la Comunidad Foral de Navarra prescindiendo de la voluntad del pueblo navarro, único dueño de su destino.
Toda la sociedad española exige a ETA responsabilidad y respeto a los derechos y libertades, a los valores democráticos y de convivencia. Esta exigencia alcanza también a todos los representantes de la voluntad popular, quienes tienen el deber cívico de poner todos los medios a su alcance para que el proceso tenga el fin deseado. Este es un momento que exige políticos con visión de Estado, capaces de superar cualquier oportunismo electoralista del éxito a corto plazo, para afrontar un proceso largo y difícil. La actitud responsable de las fuerzas políticas y las instituciones españolas durante el gobierno de la UCD permitió la disolución de ETA político-militar. Fue un ejemplo. Hoy no se puede perder esta nueva oportunidad por partidismo o por rencor. La paz será el éxito de todos.
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