El Gobierno de Navarra potenciará el alquiler de las VPO

Diario de Navarra

Ayer se aprobó un Decreto foral que establece las medidas que regirán a este tipo de viviendas

El Gobierno de Navarra potenciará el alquiler de vivienda protegida mediante un Decreto foral aprobado ayer en el que se establecen medidas como el precio máximo, subvenciones a promotores y arrendatarios o la posibilidad de comprar la vivienda inicialmente arrendada, aunque también contempla el fomento de la rehabilitación o del bioclimatismo.

Así lo explicó hoy en conferencia de prensa el consejero de Vivienda, José Andrés Burguete, quien valoró que las medidas tienen un especial tratamiento para las víctimas de la violencia doméstica, las familias numerosas o personas discapacitadas, entre otras «discriminaciones positivas necesarias».
Se trata de un decreto «árido pero muy importante en la medida en que arroja aspectos novedosos e importantes» en el ámbito de la vivienda y que «cierra el círculo normativo en materia de vivienda protegida en la Comunidad foral» al desarrollar la Ley foral de 2004 de Protección Pública a la Vivienda en Navarra.
Así, en cuanto al alquiler, destacó el baremo «público, transparente y objetivo» en el que se basará VINSA para las adjudicaciones, de forma similar a lo que hasta ahora regía en la vivienda protegida para compraventa, y señaló que también en este caso será el Ejecutivo el que fije el precio máximo de alquiler.
Explicó además que para los promotores de vivienda protegida en alquiler hay previstas «importantes subvenciones directas» a lo que se une que los promotores pueden obtener bonificaciones de hasta el 97 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades, y que la duración del régimen de las viviendas construidas con destino al alquiler es de 15 años, ó 20 si lo son en régimen especial, frente al plazo general de 30 años.
Además, se mantienen los vigentes porcentajes de subvención para los arrendatarios de viviendas de protección oficial de régimen especial, aunque añade que para las víctimas de violencia de género el porcentaje de subvención puede llegar a ser del 90 por ciento para el primer año de arrendamiento, y del 75 por ciento el segundo.
Se extiende el derecho a subvención a los arrendatarios del programa de arrendamiento intermediado a través de VINSA, y se contempla la subvención del 25 por ciento en viviendas de protección oficial de régimen general para arrendatarios con ingresos inferiores a 1,7 veces el IPREM en alojamientos para mayores de 65 años o personas minusválidas, para todo lo cual la ley de Presupuestos Generales de Navarra para 2006 ha previsto una partida de 4,4 millones de euros frente a los 2,5 del pasado ejercicio.
Recordó asimismo, que la Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda en Navarra introdujo el alquiler con opción de compra como fórmula adecuada para las personas, especialmente jóvenes, que aún no tienen definida definitivamente su situación laboral o familiar, y que llegado el momento podrán elegir entre continuar en alquiler o acceder a la propiedad de la vivienda.
El nuevo reglamento desarrolla las previsiones legales y establece como condiciones para ejercer la opción que se haya aplicado el baremo establecido, la permanencia previa mínima de 5 años en régimen de alquiler, un promedio determinado de los ingresos familiares ponderados del arrendatario, y que éste no haya incurrido en retrasos superiores a dos meses en los pagos al arrendador.
Del precio máximo de venta que corresponda a la VPO en el momento de ejercitar la opción de compra se descontará el equivalente al 20 por ciento del precio de las rentas abonadas durante los cinco últimos años de alquiler, salvo que el programa correspondiente prevea porcentajes o períodos superiores de descuento.
Burguete destacó que esta fórmula ya ha sido ensayada en la Ecociudad de Sarriguren en dos promociones, con un total de 60 viviendas protegidas con opción de compra.
Por otro lado, el decreto aborda el sistema planteado en la ley para dar salida a las viviendas desocupadas mediante la previsión de los criterios y sistemas para identificarlas y el fomento de su alquiler por el propietario al propio Gobierno a precio de mercado, cediendo éste su uso a otras personas mediante precios protegidos.
Así, podrán acceder a este sistema las viviendas usadas con cédula de habitabilidad que hayan estado vacías más de un año antes de la correspondiente solicitud y las protegidas cuyos propietarios las ofrezcan a VINSA durante un período de al menos cinco años y seis meses, transcurridos los cuales serán devueltas «en el mismo estado en que la recibió y libre de inquilinos».
VINSA abonará durante este tiempo al propietario el precio que con él haya pactado tras arrendar la vivienda, mientras que el Gobierno subvencionará a los inquilinos con determinados mínimos de ingresos familiares.
Además, el Gobierno foral abonará a la Sociedad instrumental las cantidades que se prevean en la encomienda de gestión para compensar la diferencia entre el precio de mercado y el máximo establecido para las viviendas de alquiler de Protección Oficial en régimen general, así como las cantidades correspondientes a la subvención que corresponda a los inquilinos y el importe de las reparaciones precisas para devolver la vivienda en el estado en que se cedió, sistema «que puede acabar con las reticencias que muchos propietarios de viviendas desocupadas pueden albergar» al alquilar.
Por otro lado, el decreto establece subvenciones para la adquisición de vivienda protegida, con una media de 10.900 euros por cada una y con la novedad de que se subvenciona no sólo, como hasta ahora, la adquisición de vivienda de protección oficial, sino también la de precio tasado y pactado, lo que puede llegar a duplicar el número de beneficiarios.
En materia de rehabilitación protegida destacó el «notable incremento experimentado en los últimos años del número de actuaciones realizadas y subvencionadas» (en 2005 se dieron 27,2 millones para ello) e incidió en que una de las novedades del decreto es el aumento de ayudas para comunidades de vecinos cuando la rehabilitación no se adapte completamente a la normativa específica y se justifique la grave dificultad de adaptación.
Las familias numerosas son especialmente contempladas en el decreto, que recoge la reserva de un 3 por ciento de las viviendas protegidas para este colectivo, la mayor puntuación en el baremo de adjudicación, el aumento del límite de superficie en las viviendas, o subvenciones adicionales.